Fuente RTVE
Vox ha solicitado a la Junta Electoral Central (JEC) la suspensión del voto por correo para los españoles residentes en el extranjero y propone que el sufragio del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) solo pueda ejercerse de forma presencial en consulados o embajadas, aunque en muchos casos suponga desplazamientos de cientos de kilómetros.
La formación sostiene que el actual sistema presenta “deficiencias de control” y denuncia lo que considera una gestión “opaca” del proceso de nacionalización vinculado a la llamada ‘Ley de Nietos’, incluida en la Ley de Memoria Democrática. Según su planteamiento, este marco legal estaría generando, a su juicio, una ampliación del censo electoral con impacto político directo.
El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha defendido que el procedimiento debe ser revisado en profundidad y ha solicitado la suspensión cautelar de la instrucción del Ministerio de Justicia de 2022 que regula estas nacionalizaciones. También reclama la nulidad de dicho procedimiento por posibles irregularidades administrativas.
Uno de los puntos centrales de su argumentación es el crecimiento del CERA, que según datos citados por Vox reúne actualmente a 2,7 millones de electores, con un volumen elevado de solicitudes de nacionalidad pendientes de resolución. La formación interpreta este incremento como un fenómeno acelerado que podría alterar el equilibrio electoral en determinadas circunscripciones.
En relación con el sistema de voto exterior, Vox cuestiona las garantías del voto postal en el extranjero y plantea que la logística internacional dificulta, a su juicio, el control del proceso. Por ello propone limitarlo al voto presencial en sedes diplomáticas.
Figaredo ha criticado además lo que considera una posible “orientación del voto” derivada del crecimiento del censo exterior, y ha advertido de que pequeñas variaciones en determinados territorios podrían influir en el reparto de escaños.
El partido enmarca estas iniciativas en una estrategia de control del proceso electoral y asegura que busca reforzar la transparencia del sistema, mientras mantiene que las reformas actuales responden a una dinámica que califica de “grave preocupación institucional”.