Vincenzo Gambaretto 
VOX
Una concejala de Vox en Sant Josep de sa Talaia, Ibiza, ha sido denunciada por una presunta trama de ventas “fantasma” de locales, trasteros y plazas de aparcamiento. Cuatro personas aseguran haber pagado alrededor de 237.000 euros por activos inmobiliarios que nunca llegaron a recibir.
La edil señalada es Araceli Colomar Costilla, administradora de fincas, agente de la propiedad inmobiliaria y concejala de Vox desde 2023. Según elDiario.es, las operaciones habrían sido gestionadas cuando era administradora de fincas de la Comunidad de Propietarios del Edificio Galaxia.
La denuncia y la querella hablan de presuntos delitos como administración desleal y estafa. El caso incluye escenas casi novelescas: compraventas que no se materializan, dinero entregado, locales y parkings que no aparecen en manos de quienes pagaron, y una comunidad de propietarios en el centro del conflicto.
La propia investigada rechaza tajantemente cualquier delito en su gestión, según recogió el Periódico de Ibiza y Formentera. Ese matiz es clave: hay una denuncia, pero la justicia tendrá que determinar si hubo delito o no.
Aun así, la noticia golpea de lleno el discurso político de Vox. Un partido que construye buena parte de su identidad hablando de limpieza, orden y lucha contra “chiringuitos” aparece ahora con una representante local señalada en una investigación por presuntas operaciones inmobiliarias opacas.
No se trata de condenar antes de tiempo. Se trata de mirar la contradicción.
La política que más grita contra la corrupción también debe explicar sus sombras. La honestidad no se demuestra señalando siempre al enemigo. Se demuestra con cuentas claras, contratos claros, papeles claros y responsabilidades claras.
La patria no empieza en una bandera.
Empieza en no jugar con el dinero de la gente.
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