El fiscal lo llama ‘finalidad bastarda’: así usó el PP la policía para protegerse de sus propios escándalos de corrupción
Rocío Benítez 
Fuente EFE
Hay una expresión que lo dice todo. Cuando un fiscal utiliza la locución «finalidad bastarda» para describir una operación policial, no está siendo retórico. Está siendo preciso. Y eso es exactamente lo que el ministerio fiscal ha concluido sobre la llamada operación Kitchen: una trama diseñada para utilizar recursos del Estado al servicio de los intereses privados del Partido Popular.
Lo que el fiscal describe es un esquema de espionaje político financiado con dinero público. El objetivo era claro: boicotear la investigación de la caja B del PP y proteger a sus dirigentes de las consecuencias legales de años de corrupción sistemática. Para ello, se habría infiltrado a un agente encubierto en el entorno del extesorero del partido, con acceso a documentación comprometedora.
No estamos hablando de errores o excesos aislados. Estamos hablando del Estado como herramienta de encubrimiento corporativo. De policías que trabajan, presuntamente, no para proteger a los ciudadanos, sino para proteger a quienes los gobiernan. De un partido que, según la acusación, movilizó recursos públicos para salvaguardar su propia impunidad.
Y mientras esto ocurría, el PP llamaba a la justicia, a la transparencia y al Estado de derecho. El contraste es obsceno. La corrupción no fue solo económica: fue institucional. Se corrompieron las instituciones encargadas de perseguirla.
Lo que la ciudadanía merece es claridad: saber quién ordenó qué, quién firmó qué, quién sabía qué. Y que esa claridad llegue sin que el tiempo, los recursos legales o las presiones políticas logren enterrarla.
Una democracia en la que el poder usa la policía para protegerse a sí mismo no es una democracia. Es una oligarquía con elecciones. Y eso no puede normalizarse.
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