Moreno Sanlés Alberto 
Infobae/ElSolidario: La familia afectada denuncia una actuación que podría constituir también delitos de lesiones y trato denigrante
Los juzgados de guardia de Valencia han admitido a trámite una querella por presunto delito de odio contra varios agentes de la Policía Nacional, tras una intervención policial ocurrida el pasado 17 de mayo.
Los hechos se produjeron en el barrio de Orriols, cuando una mujer afrocolombiana, acompañada de su hijo de tres años con Trastorno del Espectro Autista (TEA), habría recriminado a varios agentes la forma en que estaban llevando a cabo una detención. Según se expone en la querella, uno de los detenidos estaba inmovilizado en el suelo con un pie en el torso y otro en el tobillo por parte de los agentes.
En los vídeos aportados a la denuncia, se observa cómo los policías tiran al suelo a la mujer, la zarandean y le propinan múltiples golpes con sus defensas reglamentarias. La situación se agravó cuando, alertados por los gritos, los padres de la mujer y un amigo bajaron al portal para ver qué ocurría, siendo también presuntamente agredidos por los agentes, según recoge el escrito judicial.
La querella, presentada por el despacho del abogado Juan Molpeceres en representación de la familia afectada, denuncia una actuación que podría constituir también delitos de lesiones y trato denigrante.
La agresión ha generado una amplia respuesta social. Más de 60 colectivos y organizaciones del ámbito social valenciano han condenado públicamente los hechos, lo que dio lugar a la concentración del pasado 23 de mayo. Los convocantes denunciaron que, durante la protesta, uno de los asistentes fue multado por la Policía.
Respuesta de Colombia
El embajador colombiano y la cónsul en Valencia mantienen contacto directo con la familia afectada, y se ha anunciado el inicio de un diálogo institucional para esclarecer los hechos. Además, el presidente Gustavo Petro exigió públicamente explicaciones al Ejecutivo español y cuestionó la actitud de las sociedades occidentales hacia los migrantes, en un contexto en el que más de medio millón de colombianos residen en España.
La investigación judicial sigue su curso mientras crece la preocupación por el uso de la fuerza y las garantías en las actuaciones policiales, especialmente en contextos en los que podrían concurrir factores discriminatorios por origen étnico o racial.
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