En Poitiers, Francia, un hombre de 95 años se enfrenta a una deuda de 17.364,16 euros por el consumo de agua acumulado durante más de un año por una pareja que ocupó ilegalmente su vivienda.
A pesar de que los okupas abandonaron la propiedad en febrero de 2025, las autoridades locales se niegan a eximir al propietario de la factura, argumentando que la ley lo responsabiliza de los costes asociados al consumo, incluso en casos de ocupación ilegal.
TE PUEDE INTERESAR:
El caso comenzó en octubre de 2023, cuando la alcaldesa de Poitiers notificó al propietario que su vivienda había sido ocupada sin autorización por una pareja.
A pesar de que uno de los ocupantes admitió haber forzado la puerta del garaje para acceder a la vivienda, la justicia rechazó la solicitud de desalojo en septiembre de 2024, argumentando que no se había demostrado que la entrada y permanencia en la vivienda se hubieran realizado mediante coacción, amenazas o violencia.
Tras la salida de los okupas en febrero de 2025, el propietario encontró la vivienda en condiciones deplorables, con daños materiales y una fuga de agua que generó una factura mensual promedio de casi 1.100 euros.
La comunidad urbana de Grand Poitiers, responsable del suministro de agua, se negó a reembolsar la factura, argumentando que la ley establece que el propietario es responsable de los costes asociados al consumo de agua, incluso en casos de ocupación ilegal.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de revisar las leyes que responsabilizan a los propietarios de los costes asociados a la ocupación ilegal de sus viviendas. Es fundamental garantizar la protección de los derechos de los propietarios y establecer mecanismos que les permitan recuperar sus propiedades sin asumir deudas generadas por terceros.
Síguenos en nuestras redes sociales @elsolidariorg / X: @X_ElSolidario y en nuestro canal de Whatsapp El Solidario; Instagram : @elsolidariorg TikTok: @elsolidarionews; Facebook: @ElSolidario
Deja un comentario