Fuente RTVE
Sumar mantiene su respaldo a Pedro Sánchez y deja clara su posición ante los casos de corrupción: no romperá con el Ejecutivo mientras no exista culpabilidad demostrada dentro del Gobierno en activo. Así lo expresó la diputada de Más Madrid Tesh Sidi, quien defendió la necesidad de respetar la presunción de inocencia y evitar decisiones precipitadas basadas en responsabilidades ajenas al actual Consejo de Ministros.
Las declaraciones llegan tras la condena a José Luis Ábalos por el caso Koldo, un fallo que ha generado un fuerte impacto político. Sin embargo, desde el espacio de Sumar subrayan que se trata de un exdirigente que ya no forma parte del Ejecutivo, por lo que no puede trasladarse automáticamente esa responsabilidad al Gobierno actual.
En este contexto, la formación insiste en diferenciar entre responsabilidades individuales y la acción de un Gobierno que sigue centrado en impulsar medidas sociales y mejorar la vida de la ciudadanía. La línea es clara: actuar con firmeza ante la corrupción, pero sin erosionar la estabilidad institucional sin pruebas directas que afecten al Ejecutivo vigente.
Desde Sumar consideran que el respeto a los procesos judiciales es esencial en un Estado de derecho. Por ello, rechazan lo que interpretan como intentos de convertir casos ya juzgados en herramientas de desgaste político generalizado. A su juicio, las decisiones deben basarse en hechos probados y no en asociaciones indirectas.
La postura también busca evitar escenarios de inestabilidad en un momento complejo, marcado por retos económicos y sociales. En ese sentido, insisten en que la prioridad es garantizar la continuidad de las políticas públicas mientras la Justicia actúa con independencia.
Al mismo tiempo, reconocen la necesidad de transparencia y explicaciones por parte del PSOE, así como de reforzar los mecanismos internos para prevenir cualquier irregularidad. Pero subrayan que eso no implica retirar el apoyo sin evidencias que afecten directamente al Ejecutivo.
En definitiva, Sumar fija una posición basada en un principio: la lucha contra la corrupción debe ir de la mano del respeto a la legalidad y a la presunción de inocencia, sin que ello derive en bloqueos políticos que perjudiquen la acción de gobierno.