El Confidencial
Miles de personas salieron a las calles de Sudáfrica tras cumplirse el ultimátum fijado por grupos antimigración para que los extranjeros indocumentados abandonaran el país antes del 30 de junio. Las marchas se extendieron por ciudades como Durban, Johannesburgo, Pretoria y Ciudad del Cabo, con consignas que exigían expulsiones masivas.
El episodio no fue una protesta social cualquiera. Fue una demostración de fuerza xenófoba en un país atravesado por desempleo, desigualdad y frustración acumulada. Los manifestantes culparon a los migrantes del paro, la delincuencia y la saturación de servicios públicos, aunque medios y analistas subrayan que esas acusaciones no cuentan con pruebas sólidas.
La presión ya había provocado miedo antes de la fecha límite. Reuters informó de miles de extranjeros que huyeron del país o buscaron ayuda en consulados y campamentos improvisados. Algunos dejaron atrás parejas, hijos o trabajo por temor a ataques.
El Gobierno desplegó un amplio operativo de seguridad. Aun así, se registraron saqueos, enfrentamientos y episodios de violencia. Reuters informó después de más de 900 arrestos durante las protestas, con delitos que iban desde violencia pública hasta robos e infracciones migratorias.
El drama de Sudáfrica recuerda una lección incómoda: cuando la desigualdad no se resuelve, alguien intenta convertir al migrante en culpable perfecto. Es más fácil señalar a quien vende en una esquina que mirar la corrupción, el desempleo estructural, la mala gestión y un modelo económico que deja a millones fuera.
La xenofobia siempre promete orden. Pero lo que deja es miedo, barrios rotos y pobres enfrentados contra otros pobres.
A casi tres décadas del fin del apartheid, Sudáfrica no puede permitir que la memoria de la segregación se convierta en nuevas formas de exclusión. Ningún país se cura expulsando al vecino más vulnerable.
El problema no es quien cruza una frontera buscando vivir.
El problema es una política que necesita enemigos para no hablar de justicia.