Rocío Benítez 
Fuente Canva
Hay una paradoja estructural en el debate político actual que merece ser nombrada con claridad: los sectores de la ultraderecha que más agitan la bandera de la identidad nacional son, precisamente, los que defienden las medidas más contrarias a la independencia de las comunidades. Un país verdaderamente soberano es aquel que controla su energía, su industria y su cadena de valor. No puede haber autonomía real si dependemos del gas ruso, del petróleo saudí o de corporaciones extranjeras para fijar el precio de la luz de los hogares.
Cuando una familia paga una factura eléctrica inflada y ese capital termina en regímenes autoritarios del Golfo Pérsico, se evidencia la vulnerabilidad de nuestro modelo económico. Frente a esto, la apuesta por el autoconsumo renovable y las energías limpias de proximidad —como el sol, el viento y el agua— constituye un ejercicio de responsabilidad civil y económica. La transición energética permite que los recursos económicos se queden en el territorio, impulsando el tejido industrial interno y generando empleo local de calidad.
La defensa de los combustibles fósiles y las políticas neoliberales de desregulación que promueven privatizar infraestructuras estratégicas convierten al Estado en un simple cliente de fondos de inversión globales sin arraigo ni lealtad. El patriotismo económico real exige todo lo contrario: una red pública fuerte, inversión pública estratégica y la capacidad colectiva de decidir el rumbo energético sin tutelas externas.
Como ciudadanía, impulsar comunidades energéticas locales y exigir una transición ecológica justa es la forma más eficaz de poner a las personas por encima del mercado. La soberanía energética no se mide en discursos, se consolida en cada tejado solar y en cada decisión que priorice el bien común sobre los intereses corporativos globales.
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