La reciente reforma laboral en España, impulsada por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, ha sido objeto de una crítica significativa por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Según este organismo, la legislación española, incluso después de las modificaciones recientes, no cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea, firmada por España en julio de 2021.
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El insuficiente apoyo a los trabajadores despedidos
Un fallo del CEDS, conocido este lunes 22 de julio, concluye que la compensación de 33 días por año trabajado en casos de despidos improcedentes “no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores despedidos y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores”. Esta sentencia, aunque no vinculante, refleja una grave preocupación sobre la falta de protección adecuada para los trabajadores despedidos en España. El fallo responde a una demanda presentada por la UGT en 2022.
Críticas al marco legal actual
El CEDS ha señalado que las empresas, respaldadas por la legislación laboral vigente, no consideran las consecuencias de los despidos improcedentes en la vida laboral de la persona afectada ni los posibles daños morales. Una crítica adicional se dirige a la eliminación de los salarios de tramitación, que representan el dinero que el trabajador deja de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia. Esta medida, heredada de las políticas laborales de Mariano Rajoy y no abordada en la reforma de Yolanda Díaz, sigue siendo un punto controvertido.
La necesidad de una nueva reforma
Yolanda Díaz ha anunciado su intención de convocar a los representantes de los trabajadores y las empresas para reformar la indemnización por despido, buscando alinearla con los criterios del Comité. “Es un elemento más que va a ser susceptible de reforma y que además lo será, como siempre, en la mesa de diálogo social y acomodando a la legislación europea”, indicó Díaz.
Esta respuesta subraya la urgente necesidad de revisar y mejorar la legislación laboral en España para garantizar una protección efectiva a los trabajadores y cumplir con los compromisos adquiridos a nivel europeo. ¿Qué opinas? ¡Déjanos tu comentario y síguenos en nuestras redes sociales: @esolidariorg!