Mientras una parte del debate público insiste en presentar la llegada de personas migrantes como una amenaza, los números de la Seguridad Social cuentan una historia bastante distinta. La ratio de cotizantes por cada pensionista ha alcanzado en 2026 los 2,5 trabajadores por cada persona jubilada, un nivel que no se veía desde hace 16 años, cuando España todavía vivía instalada en el boom inmobiliario.
El motor de esa mejora tiene nombre y apellido: el proceso de regularización extraordinaria de migrantes iniciado en abril, que ha incorporado a más de 350.000 trabajadores extranjeros al mercado laboral formal, con contrato, cotización y derechos reconocidos. No es un dato menor en un sistema de pensiones que lleva años bajo sospecha de insostenibilidad: cada persona regularizada que empieza a cotizar aporta directamente cuotas a la Seguridad Social e ingresos fiscales a Hacienda, dos pilares que sostienen tanto las pensiones actuales como los servicios públicos que se financian con esos recursos.
El propio secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, lo enmarcó como «otro reflejo de esta marcha tan positiva del mercado de trabajo, que se proyecta sobre la Seguridad Social y sobre el sistema de pensiones». Un reconocimiento institucional que contrasta, y de qué manera, con el relato que en las mismas fechas se gritaba en la plaza de Cibeles sobre «invasión» y amenaza migratoria.
El matiz crítico es que una ratio mejor no resuelve por sí sola todos los retos demográficos de un país que envejece —la sostenibilidad del sistema depende también de salarios dignos, de la calidad del empleo creado y de una fiscalidad que no descargue el peso solo sobre las rentas del trabajo—. Pero ignorar el papel que juega la población trabajadora extranjera en ese equilibrio, o presentarla como un problema, es simplemente no leer los datos oficiales.
El giro político-social es evidente: el discurso que criminaliza la migración y el que sostiene el relato de una Seguridad Social «salvada» gracias a esos mismos trabajadores no pueden convivir sin contradicción. Las personas que cruzan el Estrecho, las que llegan buscando una regularización, son, según la propia Seguridad Social, parte de la solución a uno de los grandes retos económicos españoles. Que se les señale como problema mientras sostienen las pensiones de quienes las señalan es, además de injusto, profundamente incoherente.
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