Fuente EFE
La reforma de las pensiones vuelve a ganar protagonismo en Europa tras el paso dado por Alemania, que plantea retrasar de forma progresiva la edad de jubilación y vincular la prestación a la esperanza de vida. Un movimiento que vuelve a poner el foco en España, donde crece la preocupación por la sostenibilidad del sistema, pero sin consenso sobre cómo abordarlo.
El plan alemán prevé elevar la jubilación hasta los 67 años en la próxima década y acercarla a los 70 años a finales de siglo. Además, introduce cambios clave como ligar la cuantía de las pensiones a la evolución demográfica y reforzar la financiación mediante aportaciones obligatorias a un fondo de inversión. El objetivo es garantizar la viabilidad del sistema en un contexto de envejecimiento de la población.
En España, el diagnóstico es compartido, pero las soluciones generan rechazo. Según distintos estudios, ocho de cada diez ciudadanos creen que serán necesarias nuevas reformas, aunque una mayoría se opone a medidas como retrasar la jubilación. La percepción social es que no existe aún una urgencia inmediata, pese a que las cuentas muestran una presión creciente.
El sistema ya refleja tensiones: el gasto en pensiones supera los 28.000 millones de euros mensuales en momentos puntuales como junio, impulsado por la jubilación de la generación del baby boom. La pensión media continúa al alza, mientras el déficit estructural obliga a recurrir a transferencias del Estado y deuda pública.
El debate no se centra solo en si las pensiones son sostenibles, sino en cómo financiarlas sin comprometer otras partidas como la sanidad o la educación. A medio plazo, factores como la baja natalidad, la precariedad laboral o el impacto de la inteligencia artificial añaden incertidumbre al modelo.
Mientras Europa avanza en reformas estructurales, España mantiene abierto un debate clave: garantizar el futuro de las pensiones públicas sin romper el equilibrio social ni imponer medidas que la ciudadanía rechaza de forma mayoritaria.