Colotxa 
Manifestación de la Coordinadora Feminista de Valencia por el 8M en 2025 // Fotografía de Jorge Gil // Europapress // El Solidario
El número de pulseras de control telemático de agresores machistas activos incumplen el objetivo pactado mientras crecen las denuncias sobre fallos técnicos y falta de información a las víctimas.
En febrero de 2025, último mes del que se dispone de datos, había 4.551 dispositivos instalados, lejos del máximo histórico de 4.851 pulseras activas en abril de 2024 y a un abismo de las más de 11.000 que se comprometieron a gestionar hasta 2026 las empresas adjudicatarias del contrato de seguimiento.
La estrategia de ampliar el control telemático de agresores machistas y sexuales en España no avanza al ritmo esperado. A pesar de la inversión de más de 40 millones de euros y de la adquisición de miles de dispositivos, en febrero de 2025 solo había 4.551 pulseras activas.
«Señalan la falta de información y la escasa formación de la abogacía como obstáculos principales»
Las advertencias de expertas como Victoria Rosell, exdelegada contra la violencia de género, y de organizaciones como Themis, coinciden en señalar la falta de información y la escasa formación de la abogacía como obstáculos principales. A ello se suman las denuncias sobre fallos técnicos recurrentes en los dispositivos, precariedad laboral en el Centro Cometa y una adjudicación del servicio a empresas cuya baja valoración técnica ya fue advertida en informes oficiales.
La falta de campañas informativas, utilizada por las instituciones y empresas adjudicatarias como excusa, dejan en manos de las víctimas la iniciativa de solicitar una protección que debería garantizarse de forma automática. El Estado dispone de herramientas eficaces que debe incluir en sus protocolos del Plan de intervención y de prevención de la violencia machista (Viogen) y no puede limitarse a esperar su demanda por parte de las víctimas ni de campañas publicitarias.
La responsabilidad de la solicitud y tramitación de dispositivos de control telemático no puede recaer en las víctimas
Integrar la oferta de pulseras telemáticas y, en su caso, la tramitación en los protocolos judiciales y de asistencia debe ser una obligación institucional. Solo así se cumplirá el mandato de proteger de manera efectiva a quienes sobreviven cada día a la violencia machista y evitar su revictimización.
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