Una paella terminó en un contenedor durante el concurso de tortillas de Aste Nagusia en El Arenal de Bilbao.
La Policía Municipal intervino después de que sus responsables intentaran vender raciones a los asistentes sin la autorización correspondiente. Los agentes ordenaron finalmente desechar la comida.
La norma tiene una razón.
El Ayuntamiento había anunciado controles específicos contra la venta alimentaria ilegal durante las fiestas. Los establecimientos autorizados presentan documentación sanitaria y son inspeccionados, mientras que un puesto improvisado puede carecer de trazabilidad, conservación adecuada o garantías sobre manipulación. Solo en una jornada, la Policía había decomisado más de 90 kilos de alimentos.
Eso se llama en España, de forma habitual, control de seguridad alimentaria.
Y es importante.
¿Pero había que tirarla?
Ahí aparece otra pregunta.
Que una paella carezca de permiso para venderse no significa necesariamente que esté en mal estado. Tampoco significa que pueda repartirse automáticamente: donar alimentos exige igualmente garantizar que son seguros.
Pero entre permitir una venta irregular y mandar comida directamente al contenedor debería existir, cuando sea técnicamente posible, alguna alternativa segura.
Inspeccionarla. Inmovilizarla mientras se comprueba su estado. Permitir el consumo privado de quienes la cocinaron cuando proceda. O explorar su redistribución si cumple garantías sanitarias.
No siempre será posible. En determinados alimentos cocinados, desconocer temperaturas, ingredientes o conservación puede obligar a destruirlos.
Pero el desperdicio también importa.
La FAO calcula que 645 millones de personas padecieron hambre en 2025. Naciones Unidas estima además que el mundo desperdicia más de 1.000 millones de toneladas de alimentos al año.
La pregunta que deja aquella paella no es si necesitamos controles.
Es si nuestro sistema sabe distinguir entre proteger y desperdiciar comida.
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