Colombia atraviesa, según Oxfam, «un periodo de estancamiento en el avance de los derechos humanos» desde la llegada al poder del presidente Abelardo de la Espriella. La organización advierte de que el nuevo Ejecutivo representa la expansión de una agenda conservadora que amenaza conquistas ya logradas por mujeres, personas LGTBIQ+, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Jenny Gallego, coordinadora del Programa Influyente de Oxfam Colombia, no deja lugar a la ambigüedad: «los procesos que se están llevando van a tener un pare porque hay que retomar los procesos de defensa». Entre las conquistas que la organización considera en riesgo están la Ley de Mujer Rural, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 — una de las legislaciones más avanzadas de la región— y la Ley de Mujeres Buscadoras, que protege a quienes buscan a familiares desaparecidos.
La directora regional de Oxfam para América Latina y el Caribe, Gloria García-Parra, sitúa el momento en una escala temporal incómoda: «va a ser un proceso de resistencia muy fuerte durante estos cuatro años», en clara referencia a todo el mandato presidencial. Para la organización, lo más preocupante no es solo el retroceso en sí, sino la forma en que se legitima: «lo que más nos preocupa es que se confunda entre el concepto de ideología y el concepto de los derechos», advierte Gallego, señalando cómo derechos ya consolidados empiezan a presentarse como posiciones políticas discutibles en lugar de garantías básicas.
El patrón no es nuevo ni exclusivo de Colombia: en toda la región, los avances en derechos de mujeres y minorías conseguidos durante las últimas dos décadas dependen, en la práctica, de una correlación de fuerzas políticas que puede revertirse con un solo cambio de gobierno. Que organizaciones como Oxfam tengan que hablar ya de «resistencia» en lugar de «consolidación» es la medida más honesta de lo frágiles que siguen siendo esos derechos.
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