Vincenzo Gambaretto 
Reuters
Nueva York acaba de aprobar una medida histórica: congelar durante dos años los alquileres de alrededor de un millón de viviendas rent-stabilized, el sistema de renta regulada que protege a buena parte de la clase trabajadora de la ciudad. La Rent Guidelines Board votó 7 a 1 a favor de la congelación, una decisión que comenzará a aplicarse a los contratos desde octubre.
La medida llega en una ciudad donde vivir se volvió una carrera imposible. Según Reuters, las viviendas reguladas tienen una renta media de 1.599 dólares, frente a una mediana de 3.950 dólares en nuevos contratos de mercado. No es una diferencia menor. Es la distancia entre poder quedarse en el barrio o tener que irse.
Los inquilinos celebraron la decisión como una victoria. Los propietarios y el sector inmobiliario la criticaron con dureza. Una representante de los caseros en la junta dimitió antes de la votación, denunciando que el proceso estaba politizado. Asociaciones de propietarios advierten que la congelación puede afectar al mantenimiento de edificios y a pequeños arrendadores.
Pero la pregunta social sigue ahí: ¿cuánto puede subir una ciudad antes de expulsar a quienes la sostienen?
Nueva York no funciona solo con fondos de inversión, hoteles, oficinas y alquileres de lujo. Funciona con camareras, enfermeros, repartidoras, maestras, limpiadores, jubilados, estudiantes y familias migrantes. Si esas personas no pueden pagar una casa, la ciudad deja de ser ciudad y se convierte en escaparate.
Congelar alquileres no resuelve por sí solo la crisis de vivienda. Hace falta construir vivienda pública, frenar la especulación, rehabilitar edificios y proteger a pequeños propietarios sin entregar la ciudad al mercado. Pero esta medida marca algo importante: el alquiler no puede ser una maquinaria sin freno.
Durante años se repitió que intervenir el mercado era imposible. Nueva York acaba de demostrar que la política todavía puede poner una pausa.
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