Después de aportar toda una vida, Milei les responde con recortes y gases: jubilados y científicos marchan juntos
Vincenzo Gambaretto 
Imagen generada con IA.
Este 12 de agosto, los jubilados argentinos volvieron a salir a la calle. Pero esta vez su protesta encontró otra columna golpeada por el mismo ajuste: científicos, becarios y trabajadores del sistema público de investigación.
Desde el Congreso avanzaron hacia el Obelisco para sumarse a la movilización de la comunidad científica.
La escena resume una solidaridad entre generaciones que el Gobierno de Javier Milei probablemente no esperaba.
Los jubilados llevan meses reclamando algo elemental: una jubilación realmente digna después de haber trabajado y aportado durante décadas. También protestan por los recortes y restricciones que afectan al acceso a medicamentos.
Y demasiadas veces la respuesta ha sido policía, gases y golpes.
Conviene decirlo claramente: reprimir también es decidir.
Cada operativo cuesta dinero. Cada agente movilizado, cada valla, cada camión y cada granada de gas se pagan con recursos públicos.
Por eso cada gas lanzado contra un jubilado puede leerse políticamente de otra manera: ese gas cuesta dinero que podría destinarse a mejorar una jubilación, financiar medicamentos o reforzar servicios públicos.
No existe una obligación natural de reprimir.
Es una decisión política.
Mientras tanto, los científicos conocen ahora la misma motosierra. El CONICET ha sufrido pérdida de becas, deterioro salarial, proyectos paralizados y una fuerte caída real del presupuesto científico desde la llegada de Milei.
Unos defienden el derecho a vivir con dignidad después de haber sostenido durante décadas el sistema con su trabajo y sus aportes.
Los otros defienden que Argentina siga siendo capaz de producir conocimiento propio.
Y ambos han terminado en la misma calle porque el ajuste encontró resistencia.
La imagen tiene algo profundamente político: personas mayores caminando para defender a jóvenes investigadores.
No piden privilegios.
Piden que un país recuerde que los derechos cuestan recursos, pero también que destruirlos, desmantelarlos y reprimir a quienes protestan cuesta dinero.
La pregunta es dónde decide gastarlo el Gobierno.
Y este miércoles, jubilados y científicos responden juntos: nadie se salva solo.
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