EFE
La decisión del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, de otorgar a Vox competencias relacionadas con la violencia machista ha generado una fuerte polémica política y social. El Gobierno andaluz ha dejado en manos del partido de extrema derecha áreas sensibles como las Unidades de Valoración Integral, fundamentales para evaluar a víctimas, agresores y menores en procesos judiciales.
Estas unidades desempeñan un papel clave en la protección de las mujeres, ya que elaboran informes médicos, psicológicos y sociales esenciales para acreditar situaciones de violencia de género. La cesión resulta especialmente controvertida porque Vox ha negado en numerosas ocasiones la existencia de esta violencia como fenómeno estructural.
La medida ha provocado un aluvión de críticas. Desde el Ministerio de Igualdad se ha pedido una rectificación inmediata, advirtiendo de que delegar estas competencias en un partido negacionista puede debilitar la protección institucional de las víctimas. Además, organizaciones feministas y juristas alertan del riesgo de que estos servicios pierdan eficacia o contenido.
El contexto agrava la preocupación. Andalucía es una de las comunidades más afectadas por la violencia machista, con cientos de mujeres asesinadas desde 2003, lo que hace que cualquier cambio en los mecanismos de protección sea especialmente sensible.
Aunque el Ejecutivo andaluz defiende que la estructura se mantiene, el debate sobre el papel de Vox en políticas de igualdad y el compromiso institucional frente a la violencia machista vuelve al centro de la agenda, en un clima de creciente polarización política.