El conselleiro de Emprego e Emigración de la Xunta de Galicia, José González, es propietario del 39% de Mirador de Banga S.L., una sociedad agrícola que comparte sede en Ribadavia (Ourense) con Bodega Casal de Armán y Viña Campinas, las empresas familiares sancionadas en septiembre de 2025 por contratar a tres migrantes africanos sin papeles durante la vendimia.
La sanción, impuesta por la Inspección de Trabajo, se conoció públicamente solo ahora, un año después de los hechos, cuando elDiario.es publicó la investigación que reveló el vínculo societario del conselleiro. González sostiene que se desvinculó de los negocios familiares en 2018, pero el Registro Mercantil confirma que sigue figurando como socio de una compañía cuyo objeto social es, literalmente, «la explotación agrícola dedicada a la obtención y comercialización de uva».
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dado por buenas las explicaciones de su conselleiro, aunque reconoció que se enteró de la sanción por la prensa, no por comunicación interna del propio Gobierno gallego, un año después de que ocurrieran los hechos.
El caso pone sobre la mesa un problema estructural más amplio que el de un único conselleiro: la explotación laboral de personas migrantes sin papeles en el campo gallego rara vez sale a la luz, y cuando lo hace, choca con las mismas redes de intereses económicos y familiares que salpican a la propia clase política encargada de fiscalizarlas.
Que un alto cargo autonómico mantenga vínculos societarios, aunque minoritarios, con una empresa hermanada con otra sancionada por explotar a migrantes sin papeles no es solo un problema de imagen. Es una prueba más de que las políticas migratorias y laborales que Galicia dice defender chocan, en la práctica, con los intereses del propio entorno que las diseña.
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