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Hay una forma de violencia machista que durante décadas no tuvo nombre oficial en España y que, precisamente por eso, fue más difícil de perseguir y de proteger. Se llama violencia vicaria: aquella que el maltratador ejerce sobre los hijos e hijas de su pareja para dañar a la mujer a través de ellos. Una violencia que en sus expresiones más extremas llega al asesinato de los menores.
El Gobierno de España trabaja actualmente en el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, un avance legislativo que busca tipificar y sancionar específicamente esta forma de violencia, garantizar protocolos de actuación y asegurar recursos para las víctimas. Desde la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017, se han invertido más de 780 millones de euros y se han puesto en marcha 461 medidas. En 2026, el pacto se renueva con más herramientas: el sistema Viogen2, que elimina el nivel de riesgo «no apreciado» para que ninguna víctima quede desprotegida; y la apertura de 54 centros de crisis para víctimas de violencia sexual.
Organizaciones como Amnistía Internacional, la APDHA y decenas de colectivos feministas llevan años exigiendo que la violencia vicaria sea reconocida, investigada y perseguida con la misma contundencia que el resto de formas de violencia machista. No se trata solo de legislar: se trata de entender que cuando un hombre mata a sus hijos para destruir a su madre, esa madre es víctima igual que ellos.
Nombrar la violencia es el primer paso para combatirla. Y reconocer la violencia vicaria como lo que es —una forma de feminicidio indirecto— es una deuda que la sociedad española por fin empieza a saldar.