Rocío Benítez 
Fuente EFE/ Ballesteros
Durante cinco días de juicio oral, los testimonios se han acumulado en una sola dirección: lo que la UCO —Unidad Central Operativa de la Guardia Civil— presentó como prueba sólida contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no resiste el escrutinio de los hechos.
El caso, que acusa a Sánchez y a otros diez imputados de irregularidades en su contratación como coordinador de actividades culturales en la Diputación de Badajoz, ha visto cómo testigos tras testigos contradijeron los informes policiales. Técnicos, funcionarios y compañeros de trabajo describieron un puesto real, con tareas reales y presencia habitual. Nada que ver con el retrato de enchufismo sin trabajo que la Guardia Civil presentó ante el juez.
Esto no es un detalle menor. La UCO es la unidad de élite investigadora de la Guardia Civil, y sus informes tienen un peso enorme en los juzgados españoles. Cuando esos informes se construyen con sesgos, omisiones o interpretaciones interesadas, el daño no lo sufre solo el investigado: lo sufre el sistema judicial en su conjunto.
El juicio a David Sánchez no es solo un caso individual. Es el espejo de un problema estructural: la utilización de organismos de seguridad del Estado para sostener relatos políticos en lugar de buscar la verdad. Una democracia que tolera eso sin exigir responsabilidades está cediendo terreno que luego cuesta mucho recuperar.
La justicia no puede ser una extensión de la guerra política. Y cuando lo parece, alguien tiene que decirlo en voz alta.
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