La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE/EPA/Olivier Hoslet
La Comisión Europea ha lanzado una advertencia clara a España: el problema de la pobreza infantil requiere atención urgente. No es una crítica nueva, pero llega en un momento en que las cifras siguen siendo inaceptables para un país del tamaño y la riqueza de España.
Más de uno de cada cuatro niños y niñas en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Es uno de los índices más altos de la Unión Europea, solo superado por algunos países del Este. Y esto ocurre mientras se debate sobre bajadas de impuestos a grandes fortunas o se subvencionan sectores que no lo necesitan.
La pobreza infantil no es un fenómeno abstracto. Significa niños que llegan a la escuela sin desayunar, familias que no pueden pagar el material escolar, jóvenes que abandonan los estudios… Significa vidas condicionadas desde el principio por la lotería del nacimiento.
España tiene recursos. Lo que a veces falta es voluntad política para redistribuirlos con justicia. El aviso de Bruselas debería ser una llamada de atención para todos los partidos, pero especialmente para aquellos que reducen la desigualdad a un debate ideológico en lugar de tratarla como lo que es: una emergencia social.
Los niños no votan. Pero una sociedad se juzga precisamente por cómo trata a quienes no pueden defenderse solos.