La Seguridad Social ha establecido el 31 de marzo como fecha límite para que los beneficiarios de pensiones no contributivas por jubilación o incapacidad presenten su declaración anual de ingresos del año anterior.
Este trámite es esencial para verificar que los ingresos del pensionista no superan el umbral establecido, permitiendo la continuidad de la pensión en su cuantía actual. En caso de exceder dicho umbral, la pensión se ajustará según la nueva situación económica del beneficiario.
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La pensión no contributiva se revalorizará un 9% en 2025, alcanzando un importe anual de 7.905,80 euros, distribuidos en 12 pagas más dos extraordinarias.
Esta medida busca garantizar una mayor protección económica a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad que no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva.
Para los pensionistas residentes fuera de España, es obligatorio presentar un certificado de vida durante el primer trimestre del año para evitar la suspensión de la pensión.
Además, cualquier cambio en la dirección, situación personal o económica debe ser notificado a la entidad gestora en un plazo de 30 días.
El incumplimiento de estos requisitos puede resultar en la suspensión temporal de la pensión, aunque los beneficiarios disponen de un máximo de 90 días para presentar la documentación requerida y recuperar los pagos perdidos.
Medidas para asegurar la estabilidad económica de los pensionistas
Es fundamental que los beneficiarios cumplan puntualmente con estos trámites para asegurar la continuidad de su pensión no contributiva y evitar interrupciones en los pagos.
Las gestiones pueden realizarse tanto de forma online, a través de la sede electrónica del IMSERSO, como presencialmente en las oficinas de asistencia en materia de registros de cualquier administración pública.
La rapidez y precisión en la presentación de la documentación son clave para mantener la estabilidad económica de los pensionistas en 2025.
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