Cinco jóvenes activistas climáticos se enfrentan a penas de hasta 15 años de cárcel y multas de 150.000 euros por denunciar las ayudas públicas a ArcelorMittal, la empresa más contaminante de Asturias.
Esta situación ha generado una gran indignación entre los defensores del medio ambiente y la justicia social, quienes consideran que se está criminalizando la protesta pacífica y la defensa del planeta.
El 18 de mayo de 2024, un grupo de activistas de Extinction Rebellion (XR) Asturies llevó a cabo una acción de protesta en la planta de ArcelorMittal en Gijón.
Encadenados entre sí, bloquearon la carretera de acceso al complejo industrial para denunciar las ayudas públicas de 450 millones de euros destinadas a la descarbonización de la empresa, a pesar de que ArcelorMittal sigue siendo el mayor emisor de gases de efecto invernadero en la región.
La protesta, que duró cerca de una hora, terminó sin resistencia cuando la policía cortó las cadenas.
Persecución judicial a la justa protesta
Los cinco jóvenes enfrentan acusaciones por coacciones y una infracción grave del orden público según la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.
La subcontrata de transportes de la planta, Avilesina de Transportes, ha denunciado a los activistas, pidiendo entre seis meses y tres años de prisión para cada uno, además de una indemnización de 2.400 euros por la paralización de la actividad1.
La policía, por su parte, les imputa una infracción grave del orden público, lo que podría resultar en sanciones de entre 601 y 30.000 euros por persona.
La acción de los activistas se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la crisis climática. El 22 de julio de 2024 fue el día más caluroso registrado en la historia, con una temperatura media global de 17,16ºC, acercándonos peligrosamente a los 2ºC por encima de las temperaturas preindustriales.
En este escenario, las ayudas públicas a empresas altamente contaminantes como ArcelorMittal resultan incongruentes y contraproducentes para los esfuerzos globales de mitigación del cambio climático.
Apoyo a los defensores del medio ambiente
La noticia de las posibles penas de cárcel ha generado una ola de solidaridad con los activistas. Organizaciones medioambientales y de derechos humanos han condenado la criminalización de la protesta pacífica y han llamado a la comunidad internacional a apoyar a los jóvenes.
Iván Hevia, uno de los activistas, ha declarado: «¿Cómo no lo volvería a hacer con todo lo que está en juego?
La situación de los cinco activistas climáticos en Asturias es un claro ejemplo de la represión que enfrentan quienes luchan por la justicia ambiental y social.
En un momento crítico para el planeta, es fundamental que se proteja el derecho a la protesta pacífica y se promueva una transición justa hacia un modelo económico sostenible.
FUENTES: El Salto Diario: La Voz de Asturias: El Comercio