
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso de casación contra la absolución de Dani Alves por un delito de agresión sexual
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso de casación contra la absolución de Dani Alves por un delito de agresión sexual, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El Ministerio Público considera que la sentencia es “arbitraria” y “cruel” con la víctima, al restarle credibilidad y reinterpretar de forma errónea las pruebas biológicas presentadas durante el juicio. Solicita que se dicte una nueva sentencia condenatoria o que el caso sea revisado por una sala distinta.
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El recurso, firmado por el fiscal del Supremo Fidel Cadena, critica que el TSJC haya desestimado el testimonio de la víctima, alegando contradicciones y falta de fiabilidad, sin considerar el impacto emocional y psicológico que un hecho traumático como una agresión sexual puede tener en la memoria y comportamiento de la denunciante. Además, cuestiona la interpretación de una prueba biológica clave: la presencia de ADN de Alves en la boca de la joven, que el tribunal utilizó para sugerir una felación consentida, contradiciendo la versión de la víctima.
La Fiscalía argumenta que esta valoración de la prueba es “irracional” y “revive concepciones anticuadas sobre el consentimiento femenino”, al asumir que ciertos comportamientos previos, como aceptar una copa o entrar voluntariamente en un baño, implican consentimiento sexual. También destaca que la víctima sufrió estrés postraumático tras el suceso y sigue de baja laboral.
El TSJC había revocado en marzo la condena de cuatro años y medio de prisión impuesta a Alves por la Audiencia de Barcelona, aplicando el principio de “in dubio pro reo” ante las dudas sobre la fiabilidad del testimonio de la denunciante y las inconsistencias en la sentencia anterior.
Este recurso de la Fiscalía pone de relieve la importancia de una valoración adecuada y sensible de las pruebas y testimonios en casos de agresión sexual. La revisión por parte del Tribunal Supremo será crucial para determinar si se ha garantizado la tutela judicial efectiva de la víctima y si la interpretación del consentimiento y las pruebas se ha realizado conforme a los principios de justicia y equidad.
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