Treinta y seis días después de que más de 70.000 personas migrantes llegaran a Ceuta a finales de julio, el Ministerio del Interior reconoce que unas 5.000 siguen en la ciudad, sin que el Gobierno haya autorizado un solo traslado organizado a la península. De ellas, 1.300 menores han sido acogidos en centros, pero cientos de niños y niñas siguen malviviendo en la calle — cerca de 200 niñas duermen a la intemperie en un campo de fútbol de la barriada del Príncipe.
Aya, saharaui de 27 años, resume la situación con una frase que debería bastar para actuar: «Este sitio no es seguro, hay muchas peleas, no nos podemos duchar y apenas podemos comer. Queremos ir a un centro, pero siempre me rechazan». Omar, de 13 años, lleva semanas solo: «No tengo madre, no tengo a nadie… intenté apuntarme en comisaría para que me lleven a un centro, pero me dijeron ‘fuera, fuera’».
El Ministerio del Interior justifica el bloqueo alegando que «la prioridad del Gobierno es concluir en Ceuta el proceso de triaje de las personas migrantes adultas», mientras prepara devoluciones a Marruecos por vía regular. El alcalde de la ciudad ha rechazado habilitar los polideportivos municipales, y las raciones de Cruz Roja llegan contadas: Ric Fernández, de No Name Kitchen, denuncia que «hemos visto a gente mascando ramas de árboles» por hambre.
Unicef España, a través de su director ejecutivo José María Vera, ha pedido que se registre «de manera adecuada» a los menores y se evalúen «sus circunstancias particulares» para trasladarlos a lugares seguros — una petición que 36 días después sigue sin respuesta.
La contradicción es difícil de disimular: mientras el discurso oficial habla de orden y procedimiento, la realidad en Ceuta —20 km² para 85.000 habitantes más miles de personas sin filiar— es la de menores durmiendo al raso y comiendo lo que encuentran. La gestión de una crisis humanitaria no puede medirse solo en plazos de triaje: se mide en cuántas noches más un niño de 13 años sigue durmiendo solo en la calle.
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