El movimiento feminista enfrenta una creciente criminalización por parte del Estado y sectores conservadores.
Uno de los ejemplos más significativos es el caso de las siete activistas del colectivo 8 Mil Motius. Ellas han sido condenadas a un año y seis meses de prisión por su participación en la huelga general feminista del 8M de 2018 en Sant Cugat, Catalunya.
Las activistas feministas son perseguidas no solo por sus acciones, sino también por sus ideas. Las recientes condenas a manifestantes del 8M son solo la punta del iceberg de una estrategia para silenciar la protesta social.
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Criminalización de la protesta feminista
Las feministas no solo luchan por sus derechos, sino también por un cambio estructural que desafía el patriarcado y el capitalismo. Sin embargo, la represión solo refuerza la solidaridad dentro del movimiento.
Además del caso catalán, también acusaron a 11 mujeres por participar en las huelgas del 8M de 2018 y 2019 en València. Las denuncias condenaban la organización de piquetes y la interrupción del transporte público.
Pero estos no han sido los únicos ejemplos de la instrumentalización de la justicia para aplacar el movimiento; situaciones parecidas se registraron en Gijón, Sevilla, Euskadi y Castelló.
Instrumentalización de la justicia y las fuerzas de seguridad
El Estado ha instrumentalizado la ley para castigar a quienes cuestionan las estructuras de poder. Las feministas no se enfrentan a la represión por cometer delitos, sino por ejercer su derecho a la protesta pacífica.
El caso de las activistas condenadas por protestar en el 8M refleja una preocupante tendencia. La justicia, en lugar de proteger los derechos, se utiliza como herramienta de represión.
Solidaridad frente a la represión
A pesar de la criminalización, la resistencia feminista sigue en pie. La solidaridad entre activistas es fundamental para continuar luchando contra las desigualdades.
Fuente: Público
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