Vincenzo Gambaretto 
Reuters/Norlys Perez
En Aguacate, un pueblo cubano a unos 70 kilómetros de La Habana, un viejo Fiat Polski de 1980 volvió a moverse sin gasolina. Su dueño, Juan Carlos Pino, mecánico de 56 años, lo adaptó para funcionar con carbón vegetal en plena crisis de combustible. Reuters documentó el caso y lo presentó como un ejemplo del ingenio que muchas familias cubanas han desarrollado tras décadas de sanciones y escasez.
El sistema parece artesanal, pero funciona: carbón quemado en un depósito adaptado, filtros caseros y piezas reutilizadas para generar gas capaz de alimentar el motor. Según Reuters, el coche llegó a recorrer unos 85 kilómetros y alcanzó cerca de 70 km/h. No es ciencia ficción: es mecánica de supervivencia.
Conviene decirlo claro: un coche a carbón vegetal no es el modelo ideal de movilidad sostenible. Quemar carbón contamina y solo podría considerarse una alternativa renovable si la biomasa se produce de forma responsable. Pero la imagen tiene fuerza porque habla de otra cosa: de lo que ocurre cuando una sociedad se queda sin energía suficiente para moverse, trabajar, sembrar o llevar comida y medicinas.
La crisis cubana mezcla problemas internos, infraestructura envejecida y una fuerte presión exterior. En enero de 2026, la Casa Blanca anunció una orden que permite imponer aranceles adicionales a importaciones procedentes de países que directa o indirectamente proporcionen petróleo a Cuba. Reuters informó después de nuevas sanciones de Estados Unidos contra la petrolera estatal cubana CUPET, añadiendo más obstáculos a la importación de combustible.
Cuando la energía se convierte en arma política, la factura no la paga una abstracción. La pagan personas concretas: quien hace cola durante horas, quien no puede llegar al trabajo, quien depende de un vehículo para cultivar, cuidar o sobrevivir.
El coche de Juan Carlos Pino no es una solución de futuro. Es una advertencia del presente. La salida real no está en volver al carbón, sino en acelerar alternativas limpias y justas: transporte público eléctrico, renovables descentralizadas, redes más estables y cooperación internacional que no castigue a la población civil.
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