La infancia migrante en Canarias está sufriendo abusos y desprotección en los centros de acogida, mientras las administraciones miran hacia otro lado. Amnistía Internacional ha denunciado “castigos excesivos” y la falta de inspecciones en estos espacios, dejando en evidencia un sistema que maltrata en lugar de proteger.
La investigación de Canarias Ahora ha destapado un dato alarmante: en cinco años solo se han realizado 28 visitas de inspección a los centros de menores migrantes.
Un número vergonzoso que refleja la desidia de las autoridades, incapaces de garantizar los derechos básicos de niños y adolescentes que llegan a España huyendo del hambre, la violencia y la guerra.
Criminalización de los menores migrantes
Mientras la ultraderecha criminaliza a estos menores y los convierte en el chivo expiatorio de todos los males, el Gobierno regional y la Fiscalía han permitido, con su inacción, que los centros de acogida se conviertan en espacios de vulneración sistemática de derechos humanos.
Castigos físicos, restricciones arbitrarias y ausencia de protocolos de protección son solo algunas de las prácticas denunciadas, una situación intolerable en un Estado que se dice democrático y defensor de los derechos de la infancia.
El problema no es nuevo, pero la falta de voluntad política para abordarlo perpetúa el sufrimiento de estos niños y adolescentes. La denuncia de Amnistía Internacional debe traducirse en acciones concretas: más inspecciones, supervisión real, rendición de cuentas y sanciones para quienes vulneren los derechos de los menores.
No podemos permitir que las mismas instituciones que deberían velar por su bienestar se conviertan en cómplices de su sufrimiento. Si queremos hablar de justicia social y derechos humanos, empecemos por proteger a los más vulnerables. Porque no hay excusas para el abandono ni para la crueldad institucional.
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