Vincenzo Gambaretto 
El País
La crisis de la vivienda ya no se explica solo por fondos buitre, pisos turísticos o bancos. También atraviesa una contradicción incómoda: entidades vinculadas a la Iglesia católica aparecen señaladas por inquilinos y colectivos sociales por subidas de alquiler, ventas de edificios y desahucios.
El caso ha llegado hasta el papa León XIV. El Sindicato de Inquilinas entregó una carta durante su visita a Madrid para pedirle que interviniera ante los desahucios promovidos por entidades de la propia Iglesia. En esa carta se citan casos como el de Mariano Ordaz, vecino de 67 años desahuciado en mayo de una vivienda propiedad de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís.
No se trata de atacar la fe de nadie. Se trata de mirar una contradicción social: una institución que se presenta como refugio de los más débiles no puede comportarse, en materia de vivienda, como un actor más del mercado inmobiliario.
Otro caso clave es el de la Fundación Fusara, vinculada al Arzobispado de Madrid. Vecinos de 13 edificios han denunciado la venta de sus viviendas a un fondo inmobiliario y han acudido al Tribunal Constitucional. Según El País, la operación se cerró por 99 millones de euros y las familias afectadas temen perder sus hogares tras recibir notificaciones de desalojo o no renovación de contratos.
La dimensión económica tampoco es menor. Público recoge que los datos de las diócesis constatan ingresos superiores a 168 millones de euros por gestión de patrimonio inmobiliario, financiero y otras actividades. La propia Conferencia Episcopal, en su Memoria de Actividades de 2024, afirma que la Iglesia desarrolla una vida de caridad y servicio a los más necesitados, con miles de centros asistenciales.
Ahí está el choque: patrimonio, alquileres y operaciones millonarias frente a familias que solo piden seguir viviendo en su barrio.
La vivienda no es una mercancía cualquiera. Es arraigo, escuela, vecindario, cuidados y memoria. Cuando una entidad con fines sociales acaba empujando a vecinos fuera de sus casas, la pregunta deja de ser jurídica y se vuelve humana: ¿para quién sirve ese patrimonio?
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