El Gobierno ha presentado un borrador de Real Decreto que, por primera vez, pone límites serios al apetito energético de los centros de datos que alimentan el boom de la inteligencia artificial. La norma obligará a los operadores de instalaciones de más de 1 megavatio a cubrir el 80% de su consumo energético con generación renovable nueva —verificada hora a hora, no de forma simbólica— y a cumplir la máxima categoría de eficiencia energética e hídrica según los estándares europeos.
Quien incumpla se enfrentará a penalizaciones crecientes en las tarifas eléctricas y, en última instancia, a la pérdida del acceso a la red. La norma exige además que solo entidades comunitarias puedan operar estos centros y que los datos permanezcan en territorio de la Unión Europea. Los proyectos ya en trámite tendrán seis meses para adaptarse; quienes aún esperan turno en los concursos de acceso, tres meses, con opción de retirarse sin penalización.
La medida llega en un momento en el que organismos como la ONU ya han advertido de que la inteligencia artificial «también consume agua, tierra y energía», justo cuando España atraviesa episodios de sequía cada vez más frecuentes. Los centros de datos que sostienen el entrenamiento de modelos de IA no son una abstracción digital: son instalaciones físicas que compiten por los mismos recursos que necesitan los hogares, la agricultura o el ganado.
El problema de fondo no es solo técnico. Durante años, el discurso sobre la inteligencia artificial ha vendido la idea de un progreso limpio e inmaterial, mientras las multinacionales tecnológicas levantaban infraestructuras con un coste ambiental muy real y muy desigualmente repartido: quien sufre la escasez de agua no es quien se beneficia de los márgenes de esas empresas.
Regular el consumo de los centros de datos no resuelve, por sí solo, la tensión entre innovación tecnológica y justicia ambiental. Pero es un primer reconocimiento de que la fiesta de la inteligencia artificial también tiene una factura, y de que alguien —hasta ahora, casi siempre el medio ambiente y las comunidades más vulnerables— la estaba pagando sin que nadie se lo preguntara.
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