Cuando cuidar deja de ser rentable: así vacía Castilla-La Mancha sus escuelas infantiles

Casi 3.000 educadoras trabajan hoy en las 600 escuelas infantiles de Castilla-La Mancha, la etapa 0-3 años que la ley define como derecho educativo y que, sobre el terreno, cada vez se parece más a un negocio que alguien puede cerrar cuando deja de ser rentable. En Toledo capital, tres escuelas municipales llevan meses en conflicto: 54 trabajadoras y más de 300 familias dependen de un servicio que ninguna administración parece dispuesta a sostener sin ayuda privada. En Quer (Guadalajara), la escuela infantil Las Setitas afronta una amenaza de cierre. En El Carpio del Tajo (Toledo), la gestión ya ha pasado a manos privadas.

La Asociación de Educadoras Infantiles de la región lo resume en una frase que se ha convertido en pancarta: «la educación de 0 a 3 años no es un negocio«. Denuncian que la externalización somete el cuidado de la infancia a la lógica del beneficio: cuando «los números no les salen o el servicio deja de ser lucrativo, abandonan las licitaciones o cierran las instalaciones». El resultado, dicen, no es solo peor para las familias que se quedan sin plaza de un día para otro, sino también para quienes sostienen el sistema: salarios mínimos, contratos temporales, subclasificación del personal y titulaciones profesionales que la administración no siempre reconoce.

Es fácil despachar la etapa 0-3 como una cuestión de conciliación, de horarios que cuadran para que los padres puedan trabajar. Pero reducirla a eso es ignorar lo que las propias educadoras insisten en repetir: es «un derecho fundamental de la infancia y un pilar social básico, no una carga prescindible«. Cuando ese pilar se licita al mejor postor, quien pierde no es una empresa que no logró rentabilidad, sino la criatura de dos años que se queda sin escuela y la familia que no puede permitirse pagar una alternativa privada.

La precariedad no es un efecto colateral de estas privatizaciones: es su condición de posibilidad. Ninguna empresa recorta beneficios para sostener salarios dignos si nadie se lo exige. Que miles de educadoras lo digan en voz alta, con nombre de escuela y de municipio, es el primer paso para que dejen de ser la variable de ajuste de un servicio que debería ser, sencillamente, un derecho.