El TJUE declara ilegal la exigencia de 10 años de residencia para que extracomunitarios accedan a prestaciones sociales
Fausto 
Archivo: El Solidario. En su sentencia, el Tribunal con sede en Luxemburgo sentencia que este requisito constituye una discriminación indirecta de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.
En un fallo histórico, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado ilegal la exigencia de diez años de residencia para que los ciudadanos extracomunitarios puedan acceder a prestaciones sociales en los estados miembros.
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Esta decisión subraya el compromiso de la Unión Europea con la igualdad, la inclusión y los derechos humanos, marcando un avance significativo en la lucha por la justicia social y la equidad.
Una decisión que golpea a la exclusión social
El TJUE ha dictaminado que exigir una residencia mínima de diez años para que los ciudadanos extracomunitarios puedan recibir prestaciones sociales es una medida discriminatoria y contraria a los principios fundamentales de la UE.
Este fallo responde a varios casos presentados ante el tribunal (dos en Italia), donde se argumentó que tales requisitos violaban los derechos de los migrantes y perpetuaban la exclusión social.
Esta decisión es un triunfo para los derechos humanos y la inclusión en Europa. Los migrantes extracomunitarios, muchos de los cuales han contribuido significativamente a sus comunidades de acogida, podrán ahora acceder a un sistema de protección social sin enfrentar barreras discriminatorias.
Esto no solo mejora su calidad de vida, sino que también promueve una mayor cohesión social y justicia. Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de migrantes han celebrado la decisión del TJUE.
“Este fallo es un paso crucial hacia una Europa más justa y equitativa. El acceso a las prestaciones sociales es un derecho fundamental que debe estar al alcance de todos, independientemente de su origen”, afirmó Laura González, portavoz de la ONG Migrantes Unidos por la Justicia.
Perspectivas futuras y necesidad de reformas
La sentencia del TJUE obliga a los estados miembros a revisar y modificar sus legislaciones nacionales para alinearse con este nuevo estándar.
Países como España, Francia e Italia, que tenían requisitos estrictos de residencia, deberán adaptar sus normativas para garantizar que los migrantes extracomunitarios no enfrenten barreras injustas al acceder a prestaciones sociales.
Este fallo refleja un compromiso renovado con la equidad y la justicia social en Europa. Al eliminar barreras discriminatorias, se avanza hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos de todos sus habitantes.
La lucha por un futuro más inclusivo
La decisión del TJUE destaca la importancia de proteger los derechos de los más vulnerables y de asegurar que todos los residentes, independientemente de su origen, tengan acceso a los recursos necesarios para vivir con dignidad.
La declaración del TJUE es un recordatorio poderoso de que la lucha por los derechos humanos y la inclusión es continua y esencial.
Esta decisión no solo beneficia a los migrantes extracomunitarios, sino que también fortalece los valores fundamentales de la Unión Europea, promoviendo una comunidad más justa y equitativa para todos.
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