El Partido Popular (PP) andaluz ha sido objeto de críticas por su enfoque hacia los inquilinos en un contexto donde la especulación inmobiliaria ha disparado los precios del alquiler.
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La reciente propuesta de ley de vivienda presentada por la consejera de vivienda andaluza, Rocío Díaz, introduce el controvertido término “inquiocupación”, que criminaliza a los inquilinos que enfrentan dificultades para pagar el alquiler, equiparándolos a ocupantes ilegales.
En ciudades como Sevilla y Málaga, el alquiler supone entre el 30% y el 40% de los ingresos de los habitantes, según datos de la página Idealista. Esta cifra se eleva al 44,27% para una persona sola y al 51,36% para un hogar en Málaga, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga.
La falta de políticas efectivas y la voraz turistificación han exacerbado esta problemática, dejando a muchos ciudadanos en una situación precaria.
El P.P. arremete contra los más vulnerables
El PP andaluz, en lugar de abordar las causas subyacentes de la crisis de vivienda, ha optado por una narrativa que criminaliza a los inquilinos. La introducción del término “inquiocupación” en su propuesta de ley es un claro ejemplo de cómo se intenta desviar la atención de la especulación inmobiliaria y la falta de viviendas asequibles1.
Este término define a los inquilinos con deudas como un estado intermedio entre ser un arrendatario con deudas y un ocupante ilegal, lo que estigmatiza aún más a quienes ya están en una situación vulnerable.
Las manifestaciones en contra de esta política no se han hecho esperar. El pasado 29 de junio, más de 20.000 personas salieron a las calles de Málaga para protestar contra la dificultad de encontrar una vivienda asequible. A pesar de estas movilizaciones, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla no ha incluido ninguna de las demandas de los colectivos por el derecho a la vivienda en su anteproyecto de ley.
La precariedad laboral en el sector terciario y la falta de oportunidades laborales más allá de este sector también contribuyen a la crisis de vivienda en Andalucía. En lugar de implementar políticas que fomenten la creación de empleo y la construcción de viviendas asequibles, el PP andaluz ha optado por medidas que benefician a los especuladores y criminalizan a los inquilinos.
El enfoque del PP andaluz hacia la crisis de vivienda es un claro ejemplo de cómo se priorizan los intereses de los especuladores sobre los derechos de los ciudadanos.
La criminalización de los inquilinos a través del término “inquiocupación” no solo es injusta, sino que también desvía la atención de las verdaderas causas de la crisis de vivienda en Andalucía. Es fundamental que se implementen políticas que protejan a los inquilinos y garanticen el acceso a una vivienda digna y asequible para todos.
FUENTE: Público, Idealista
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