El Gobierno andaluz admite por primera vez posibles irregularidades en los contratos sanitarios fraccionados
Pilar 
Archivo/ELSOLIDARIO.La Agencia Estatal de Salud pública estará en marcha en 2025.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) cambia de postura y se reconoce como “posible perjudicado” en la causa que investiga el fraccionamiento de contratos con la sanidad privada en Cádiz, por un monto total de 235 millones de euros.
La jueza Rosa García Jover, encargada del caso, ha aceptado la personación del SAS en calidad de damnificado, tras meses de incertidumbre sobre el papel que adoptaría la administración andaluza en la investigación. Hasta ahora, la Junta de Andalucía no aclaraba si actuaría como acusación o si se reconocería como afectada por las presuntas irregularidades contractuales.
La investigación se originó tras una denuncia de Podemos Andalucía, basada en una exclusiva de elDiario.es Andalucía, que destapó cómo el SAS habría utilizado contratos menores encadenados para pagar la misma prestación a clínicas privadas, eludiendo así la Ley de Contratación Pública. Un informe de la Intervención General de la Junta detectó anomalías en el 100% de los expedientes analizados, señalando un posible uso indebido de fondos públicos.
La jueza ha citado a declarar a dos interventores y dos altos cargos del Gobierno de Juan Manuel Moreno, mientras la Fiscalía sigue analizando las pruebas. La oposición ha calificado el giro del SAS como un intento de “lavado de cara”, después de meses negando cualquier irregularidad.
El caso sigue abierto y pone en el centro del debate el modelo de externalización sanitaria impulsado por el Gobierno andaluz. ¿Estamos ante una estrategia para desviar la atención o realmente la Junta busca depurar responsabilidades?
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