El bulo xenófobo de Manresa: ni extranjeros ni tutelados, cuando los hechos desmienten el relato de la extrema derecha

La madrugada del martes, un vecino de Manresa de 45 años, Carles Vilajosana, murió apuñalado. Dos menores de 15 y 16 años fueron detenidos como presuntos autores. Antes de que la investigación avanzara, la extrema derecha catalana ya tenía su relato construido.

Vox, a través de su secretario general en Cataluña, Ignacio Garriga, vinculó el crimen a su narrativa habitual sobre «presión migratoria» e «invasión», reclamando endurecimiento penal, más policía, medidas de expulsión y revisión de los protocolos de acogida a menores no acompañados. El problema es que los propios hechos desmontan esa lectura: según explicó la consellera de Interior, Núria Parlon, ambos menores detenidos nacieron en Cataluña. Ninguno es un menor extranjero no acompañado ni está bajo tutela pública; uno tiene padres catalanes y el otro procede de una familia con trayectoria migratoria previa, ya asentada.

Parlon no se anduvo con rodeos al calificar de «asociaciones xenófobas» las que Vox y Aliança Catalana intentaron establecer entre el suceso y la inmigración. «No podemos culpar a un colectivo de hechos gravísimos», afirmó, denunciando que la ultraderecha difunde «informaciones falsas contra un grupo vulnerable» —los menores extranjeros no acompañados— que nada tenía que ver con este caso concreto.

El matiz crítico es incómodo pero necesario: un crimen real, con una víctima real y una familia rota, merece una investigación seria y consecuencias judiciales proporcionadas —de hecho, el Ayuntamiento de Manresa ya anunció que se personará como acusación popular—. Lo que no merece es convertirse en excusa para señalar colectivamente a quienes nada tuvieron que ver con los hechos.

El giro político-social es el de siempre: la inmigración se ha consolidado como el terreno de confrontación preferido entre la Generalitat y la ultraderecha en Cataluña, y cada suceso violento, sin importar quién lo protagonice, se recicla como prueba de una tesis decidida de antemano. Cuando los hechos no encajan con el relato, como ha ocurrido en Manresa, la respuesta no es corregir el discurso, sino repetirlo con más fuerza.

Frente a eso, la tesis que defiende Parlon no es solo jurídica, es de justicia social: la seguridad de un barrio no se construye señalando a los más vulnerables, sino desmontando, dato a dato, los bulos que los convierten en chivo expiatorio.