El ático de 6,3 millones que Ayuso compró en secreto y las mentiras que fue apilando para explicarlo
Rocío Benítez 
Fuente EFE
¿Cuántas versiones distintas puede dar un Gobierno sobre la compra de un piso de lujo antes de que se le acaben las excusas? La Comunidad de Madrid adquirió en secreto, el pasado abril, un ático de 485 metros cuadrados en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El edificio está a pocos minutos de donde vive la presidenta Isabel Díaz Ayuso y de los pisos de su pareja, el empresario Alberto González Amador.
La primera explicación oficial fue que serviría de «oficina temporal» para reuniones institucionales. Mentira: el inmueble solo tiene licencia de uso residencial y la normativa prohíbe instalar oficinas en esa zona por encima de la primera planta. La segunda versión sostenía que la empresa pública Planifica Madrid compra y vende inmuebles constantemente, como práctica habitual. Pero en los seis años de gestión de Ayuso, la empresa solo ha incorporado dos propiedades y vendido una. La tercera mentira habló de «cuatro inmuebles» en Gran Vía puestos a la venta para financiar la reconstrucción tras los incendios; en realidad se trata de un único edificio dividido en cuatro fincas registrales.
Mientras el Gobierno autonómico se enredaba en contradicciones, Ayuso decidió señalar públicamente al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, delegando en él toda responsabilidad ante las cámaras.
En paralelo, González Amador puso en venta los dos pisos donde reside junto a la presidenta, comprados por menos de un millón hace apenas tres años y ofertados ahora por 3,4 millones: una plusvalía de más de 1,5 millones de euros en un mercado de vivienda que para la mayoría resulta inalcanzable.
Este episodio no es solo un escándalo de opacidad institucional. Mientras miles de familias madrileñas no pueden acceder a una vivienda digna, el dinero público compra áticos de lujo y las plusvalías inmobiliarias de quienes rodean el poder se multiplican sin control. Más Madrid y el PSOE ya han presentado denuncias. La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿a quién sirve realmente la vivienda pública en Madrid?
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