El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre ha frenado una parte importante de la agenda medioambiental que el Gobierno tenía pendiente de aprobar. La disolución de las Cortes provoca que las iniciativas legislativas que no habían completado su tramitación decaigan y tengan que volver a iniciar su recorrido parlamentario después de los comicios.
Entre las medidas afectadas se encuentra el Pacto de Estado frente al cambio climático, que el Ejecutivo había relanzado en agosto con la intención de alcanzar un acuerdo sobre la respuesta de España al calentamiento global. El plan contemplaba, entre otras actuaciones, actualizar los planes hidrológicos, reforzar la gestión forestal y desarrollar una red de refugios climáticos.
También queda paralizada la reforma de la Ley de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, necesaria para adaptar la legislación española al nuevo sistema europeo de comercio de emisiones. El Gobierno ya había intentado aprobar esta reforma en 2025 sin conseguir los apoyos parlamentarios necesarios.
Otro de los proyectos afectados es el real decreto sobre gestión de riesgos de inundación, impulsado después de la DANA de 2024. La norma pretendía adaptar las medidas de prevención a un escenario de fenómenos extremos más frecuentes e intensos.
La Ley de Calidad del Aire también queda pendiente, al igual que distintas iniciativas relacionadas con los centros de datos, cuyo elevado consumo de electricidad y agua había llevado al Ejecutivo a preparar una regulación específica.
El adelanto electoral afecta asimismo a la Ley de Consumo Sostenible, la nueva normativa de residuos y la Ley de Grandes Simios, destinada a reforzar la protección de chimpancés, gorilas y orangutanes. Algunas medidas podrían recuperarse mediante procedimientos posteriores, pero su futuro dependerá de las nuevas Cortes y del próximo Gobierno.
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