El Ministerio de Sanidad impulsará los cambios normativos necesarios para incorporar la interrupción voluntaria del embarazo mediante método farmacológico a la cartera común de servicios de Atención Primaria. El objetivo es que las mujeres puedan acceder a este procedimiento desde su centro de salud cuando resulte adecuado para su situación.
La ministra Mónica García anunció la medida el 28 de septiembre y explicó que pretende garantizar información, profesionales preparados y acompañamiento sanitario antes, durante y después del proceso. La iniciativa busca también evitar desplazamientos innecesarios y facilitar que las pacientes puedan contar con un equipo sanitario de referencia.
Para ponerla en marcha será necesario modificar el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios, actualizar la cartera común del Sistema Nacional de Salud y tramitar un cambio en la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el aborto farmacológico, para permitir su utilización fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.
La medida todavía no está vigente. Sanidad deberá desarrollar los cambios normativos y coordinar su aplicación con las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios.
En 2024 se practicaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España, de las que 34.092 fueron farmacológicas.
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