La soledad no deseada tiene un coste económico documentado: 14.141 millones de euros anuales en España, el equivalente al 1,17% del PIB. No es una cifra abstracta. Es el resultado de más hospitalizaciones, más consumo de servicios de salud mental, más bajas laborales y más deterioro cognitivo en personas que viven aisladas sin haberlo elegido.
El Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada SoledadES, liderado por la Fundación ONCE, ha publicado un estudio específico sobre la intersección entre discapacidad y soledad. Los resultados son contundentes: el 50,6% de las personas con discapacidad está en situación de soledad no deseada, frente al 20% de la población general. Es decir, la mitad de las personas con discapacidad en España vive aislada sin quererlo.
Los factores que explican esta brecha son múltiples: barreras arquitectónicas que dificultan salir de casa, dificultades de transporte, menor participación en el mercado laboral y la persistencia de actitudes discriminatorias en el entorno social. La tecnología, apunta el estudio, tiene un potencial ambivalente: el 50,1% de la población cree que ayuda a las personas a sentirse más acompañadas, pero también puede generar una falsa sensación de conexión que sustituye al contacto real.
Un dato especialmente significativo: el 78% de las personas con discapacidad encuestadas afirma querer implicarse más activamente en la búsqueda de soluciones, reconociéndose como agentes de cambio y no solo como receptoras de ayuda. Es un mensaje directo a las administraciones: las soluciones deben diseñarse con las personas afectadas, no para ellas.
La soledad no deseada no es un problema individual. Es un síntoma de una sociedad que ha organizado el espacio, el trabajo y las relaciones sin pensar en quienes tienen más dificultades para participar en ellas.
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