El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado un plan para rehabilitar 70 viviendas en el barrio del Cerro del Moro, Cádiz. Sin embargo, esta ayuda está condicionada a que las familias vendan sus propiedades y acepten vivir en régimen de alquiler. En 50 años, podrán volver a comprarlas.
Viviendas en condiciones deplorables
El barrio del Cerro del Moro tiene casi una centena de viviendas en condiciones insalubres. Desde hace 30 años, la Junta promete una rehabilitación que aún no se ha materializado. Los edificios presentan problemas como ratas, humedades y fachadas deterioradas. En 2026, se espera que se construya un nuevo edificio para realojar a las familias, pero las condiciones han cambiado.
Indignación de los vecinos
La Administración ha comunicado que las familias deberán vender sus casas y vivir en alquiler. Solo podrán volver a ser propietarias después de 50 años. Esto ha generado indignación entre las 67 familias afectadas, quienes se sienten engañadas por el gobierno andaluz. Temen contraer una deuda a largo plazo y perder la propiedad de sus viviendas.
Proceso de venta y alquiler
El plan inicial proponía que las viviendas sirvieran como depósito para una nueva casa. Los vecinos pagarían en plazos de entre 10 y 25 años, con la posibilidad de firmar las escrituras a los seis años. Sin embargo, la documentación reciente indica que las nuevas viviendas serán de protección del alquiler. Los vecinos deberán vender sus casas a la Junta y convertirse en inquilinos.
Requisitos de Fondos Europeos
La Junta ha intentado convencer a los vecinos de que esta medida no les perjudica. El nuevo edificio se financiará parcialmente con el programa 6 Eco-Vivienda, de fondos europeos Next Generation. Este programa exige que las viviendas se destinen al alquiler. Después de 50 años, los inquilinos tendrán derecho a comprar las casas nuevamente.
Reacciones de la comunidad
Los vecinos sienten que la opción de compra a 50 años no es justa. Desconfían de las promesas de la Junta y temen que esta medida los condene a la pobreza. La oposición política, incluyendo Adelante Izquierda Gaditana y el PSOE, ha denunciado la situación en el último pleno del Ayuntamiento. Consideran que esta medida es clasista y discriminatoria.
Futuro incierto para los vecinos
Hasta ahora, ninguna familia ha firmado el acuerdo. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha mantenido reuniones con los vecinos para cerrar la situación. La presión para aceptar la oferta es alta, y los vecinos denuncian amenazas y divisiones dentro de la comunidad.