
Imagen: publico.es. El Solidario. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una rueda de prensa, a 21 de noviembre de 2024.
El Ministerio de Consumo ha intensificado sus esfuerzos para combatir las prácticas publicitarias fraudulentas relacionadas con el medio ambiente, conocidas como ‘greenwashing’, llevando la cuestión ante las autoridades de Bruselas.
Esta iniciativa busca alinear las normativas nacionales con las directrices europeas para garantizar una publicidad más transparente y veraz.
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¿En qué consiste el » greenwashing»?
El ‘greenwashing’, o ‘blanqueo ecológico’, se refiere a la estrategia de algunas empresas de proyectar una imagen engañosamente ambientalista de sus productos o servicios, exagerando sus beneficios ecológicos o presentándolos como sostenibles sin evidencia sólida que lo respalde.
Esta práctica no solo distorsiona la competencia en el mercado, sino que también confunde a los consumidores y obstaculiza los esfuerzos globales para enfrentar el cambio climático.
Europa toma medidas al respecto
En respuesta a esta problemática, la Unión Europea ha adoptado medidas significativas.
El Parlamento Europeo aprobó en enero de 2024 una directiva que prohíbe las alegaciones medioambientales genéricas y otras informaciones engañosas en los productos.
Según esta normativa, solo se aceptarán etiquetas de sostenibilidad basadas en sistemas de certificación oficiales o establecidas por autoridades públicas.
Además, se prohíbe afirmar que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente basándose únicamente en la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Estas prácticas se consideran ilegales porque inducen a error a los consumidores, haciéndoles creer que están adquiriendo productos más sostenibles de lo que realmente son. Esto no solo afecta la confianza del consumidor, sino que también puede desincentivar a las empresas que realizan esfuerzos genuinos por ser más sostenibles.
Proteger al consumidor de publicidad engañosa
Para la ciudadanía, el ‘greenwashing’ tiene varias consecuencias negativas.
Por un lado, los consumidores pueden terminar pagando más por productos que creen ecológicos, sin obtener los beneficios ambientales esperados.
Por otro, se socavan los esfuerzos individuales y colectivos por reducir el impacto ambiental, ya que las decisiones de compra se basan en información engañosa.
Con la implementación de estas nuevas normativas, se espera que las empresas sean más transparentes y responsables en sus comunicaciones ambientales, promoviendo una competencia más justa y protegiendo a los consumidores de prácticas engañosas.
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