España estudia introducir procedimientos excepcionales para gestionar las solicitudes de asilo de quienes llegaron a Ceuta durante las entradas masivas de finales de julio.
Un borrador de real decreto visto por Reuters pretende acelerar solicitudes y expulsiones de las más de 10.000 personas que todavía permanecen en la ciudad autónoma.
Todavía es borrador.
El Ministerio del Interior no confirmó el contenido concreto a Reuters, aunque fuentes oficiales reconocieron que se estaban estudiando reformas.
El documento contemplaría medidas específicas para quienes llegaron desde el 30 de julio, incluida su aplicación retroactiva y cambios en determinados procedimientos de recurso y revisión.
El contexto es excepcional.
Más de 70.000 personas cruzaron irregularmente desde Marruecos hacia Ceuta a finales de julio, provocando una presión extraordinaria sobre una ciudad de tamaño reducido.
El objetivo descrito en el borrador es agilizar decisiones.
Pero organizaciones como CEAR y Oxfam Intermón, junto con otras entidades, sostienen que algunas medidas podrían crear un “régimen de excepción” para el derecho de asilo y han recordado la obligación internacional de respetar el principio de no devolución.
Ahí está el debate.
Un Estado tiene la responsabilidad de gestionar sus fronteras y tramitar solicitudes en situaciones de gran presión.
También tiene obligaciones legales respecto al acceso al asilo y la protección internacional.
Rapidez y garantías.
Las dos cuestiones pueden entrar en tensión cuando miles de expedientes deben resolverse en poco tiempo.
Por ahora no hay una nueva norma aprobada.
Hay un borrador, una situación fronteriza extraordinaria y una discusión política y jurídica sobre cuánto puede acelerarse un procedimiento sin alterar las garantías que precisamente existen para proteger a quien pide refugio.
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