
MADRID LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS // Cartel del festival Mad Cool de Madrid // El País // El Solidario
Ayuso y su Gobierno lo niegan, pero el tiempo medio de espera para que una mujer víctima de violencia sexual reciba atención psicológica, en el CIMASCAM, centro público de referencia en la Comunidad de Madrid, se mantiene en más de tres meses desde 2023. Así lo ha confirmado el propio Gobierno autonómico en dos respuestas oficiales dirigidas a la diputada socialista Lorena Morales. A pesar de ello, la Consejería de Familia asegura públicamente que «no hay lista de espera«. La realidad es otra.
La situación se agrava por el crecimiento de los delitos sexuales en la región, que han aumentado un 36,9% desde 2021, y un 142% en el caso de agresiones con penetración. Sin embargo, el número de psicólogas ha pasado apenas de cinco a seis en el nuevo contrato para 2025, lo que Morales califica de «insuficiente» e «insultante«.
Además, aunque el pliego vigente permitía reforzar el equipo si había esperas superiores a un mes, no se hizo.
El modelo de adjudicación prioriza los criterios económicos y deja fuera propuestas con mayor rigor técnico, según denuncian fuentes del sector.
Contradicciones institucionales, precarización del sistema de protección a las víctimas y violación sistemática de los protocolos de intervención en la Comunidad de Madrid
Entidades feministas alertan del miedo a denunciar estas carencias por temor a perder la gestión del recurso. La alta rotación profesional y la financiación insuficiente deterioran la calidad del servicio. El último concurso fue inicialmente adjudicado a una fundación sin experiencia integral, luego descartada. La Dirección General de la Mujer reconoce algunas críticas, pero carece de peso político.
El intento de Ayuso de negar la realidad de la violencia machista anunciando «la apertura de centro para hombres víctimas de violencia sexual»
El 21 de abril, la Presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que «Madrid abrirá el primer centro en España para hombres víctimas de violencia sexual» y que «la dotación anual será de 500.000 euros«.
Ayuso impulsa una iniciativa inédita en España mientras el Ministerio de Igualdad , Más Madrid y colectivos feministas y en defensa de los derechos humanos cuestionan su enfoque ya que son la inmensa minoría y, recuerdan que «del 13 por ciento de denuncias de violencia sexual por parte de hombres, más de la mitad de los agredidos pertenecen al Colectivo LGTBI+, al que niega, discrimina y ni nombra en sus estadísticas o en su discurso.
Cuando en el último año han crecido un 35.4% las agresiones sexuales machistas en la Comunidad Autónoma de Madrid, la más poblada de el estado español, no hay excusas no sólo para no invertir más en más medios sino que el sólo hecho de negarlo, y más desde un cargo público, debería estar penado por la ley.
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