Fausto 
@Sevillaresiste/El Solidario. Campaña contra pisos turísticos en Sevilla.
El Gobierno ha dado un paso firme contra la especulación inmobiliaria digital al ordenar el bloqueo de más de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb, con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Esta actuación marca un precedente clave en la defensa del derecho a la vivienda y contra el abuso de plataformas que lucran con el acceso al techo digno.
No es una exageración afirmar que, en muchas ciudades del Estado, encontrar un piso de alquiler a precio razonable se ha vuelto misión imposible. Airbnb, y otras plataformas similares, han actuado durante años como aceleradores de la turistificación, expulsando a vecinas y vecinos de sus barrios, subiendo los precios del alquiler y dejando calles convertidas en decorados vacíos para visitantes de paso.
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Ante esta realidad, la decisión del Gobierno de ordenar el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales no es sólo una respuesta jurídica, sino un acto político que reconoce la dimensión estructural del problema. Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Palma de Mallorca se han convertido en epicentros de una burbuja turística que ha beneficiado a fondos buitre, plataformas digitales y grandes propietarios, mientras el alquiler para la mayoría se volvía inasumible.
La intervención de Consumo, respaldada por la justicia, llega tarde, pero es necesaria. No basta con regulaciones simbólicas: hace falta voluntad para hacer cumplir las leyes. Como han reclamado desde asociaciones como Sindicat de Llogateres o La PAH, el modelo de vivienda no puede seguir en manos de algoritmos ni intereses privados.
Este paso debe abrir la puerta a un debate más profundo: ¿quién tiene derecho a la ciudad? ¿Una familia trabajadora o un turista que paga el doble por una semana? Reivindicar la vivienda como derecho humano implica poner límites a la lógica del mercado. Y hoy, por fin, el Estado ha empezado a hacerlo.
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