“No trabajar con Israel sobre nuestra defensa tiene también un precio sobre los ciudadanos españoles”.
La frase la pronunció Dana Erlich, encargada de Negocios y jefa de Misión de la Embajada de Israel en España, durante un desayuno del Fórum Europa celebrado en Madrid el 10 de septiembre.
Erlich aseguró que las relaciones entre el Gobierno español e Israel atraviesan un “momento crítico” y acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de adoptar decisiones que, en su opinión, dejan de lado la seguridad de los ciudadanos españoles. Su mensaje llegó en un contexto de deterioro de las relaciones diplomáticas y de reducción de la cooperación española con empresas israelíes en materia de defensa.
La elección de las palabras resulta especialmente contundente: si España deja de colaborar con Israel, habrá un “precio” que afectará a sus ciudadanos.
¿Fue una amenaza? Erlich no anunció ninguna represalia israelí. Su argumento fue que prescindir de tecnología, conocimiento y cooperación militar de Israel podría perjudicar la capacidad española de protegerse frente a amenazas de seguridad. Meses antes ya había utilizado un razonamiento parecido, afirmando que abandonar tecnología israelí podría tener consecuencias para “la seguridad y la defensa” de los españoles.
Pero el lenguaje utilizado convierte una discusión sobre contratos y cooperación militar en algo mucho más directo: las decisiones de un Gobierno acabarían teniendo consecuencias sobre la seguridad de su población.
Además, las declaraciones se produjeron mientras Erlich rechazaba cualquier implicación israelí en la reciente crisis de Ceuta y defendía mantener la cooperación con España frente a amenazas comunes.
En diplomacia, las palabras importan. Y cuando la máxima representante de un Estado afirma que una determinada política exterior tendrá “un precio sobre los ciudadanos”, la frontera entre advertir de un riesgo y ejercer presión política se vuelve especialmente delicada.
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