La Seguridad Social pagó en septiembre una nómina de 14.498 millones de euros en pensiones contributivas, un 6,3% más que hace un año y la cifra más alta de su historia. El sistema abonó 10.547.417 pensiones —un 1,6% más que en 2025—, que llegan a más de 9,5 millones de personas, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La partida más grande sigue siendo la de jubilación, con 10.654,6 millones de euros (+6,9% interanual), seguida de viudedad (2.288,4 millones, +4,1%), incapacidad permanente (1.330,9 millones, +5,9%), orfandad (185,5 millones, +3,9%) y favor de familiares (38,8 millones, +6,1%). La pensión media del sistema se sitúa ya en 1.374,6 euros mensuales, un 4,6% más que hace un año, mientras que la de jubilación alcanza los 1.576,1 euros. Parte de la subida responde a la revalorización general del 2,7% aprobada para 2026, ligada al IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.
El aumento no es un gasto que se dispara sin motivo: refleja una población pensionista que crece y envejece, y una revalorización pactada para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Es, en otras palabras, el sistema haciendo exactamente lo que está diseñado para hacer.
Y sin embargo, cada vez que estas cifras baten récord, resurge el mismo debate: ¿puede España seguir pagando las pensiones? La pregunta rara vez se plantea al revés —¿puede España permitirse no pagarlas?— aunque sea la que de verdad importa para los más de 9,5 millones de personas que dependen de esa nómina cada mes para cubrir alquiler, medicinas o la compra. Hablar de «sostenibilidad» sin hablar de quién sostiene a quién es, como mínimo, una forma incompleta de contar la historia.
Las pensiones no son una carga que la economía arrastra a regañadientes: son el recibo mensual de un pacto entre generaciones que, mes a mes, sigue cumpliéndose. La cifra récord de septiembre no es una alarma. Es la prueba de que, por ahora, ese pacto se sostiene.
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