El Gobierno aprobó este martes la prórroga de las rebajas fiscales en gasolina y diésel, además de una serie de medidas para contener el precio del gas natural y el butano de cara al invierno. La decisión, adoptada en el Consejo de Ministros, busca proteger a los hogares frente a la escalada de precios energéticos en los próximos meses.
La rebaja en el Impuesto Especial de Hidrocarburos se aplicará de forma decreciente: 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre. El Ejecutivo incluye además una cláusula de salvaguarda que permitiría elevar estos descuentos si el precio del crudo se mantiene alto durante el trimestre.
En cuanto al gas natural, la Tarifa de Último Recurso (TUR), que afecta a más de tres millones de consumidores, queda protegida por un mecanismo que impide que la factura suba más de un 45% respecto a la tarifa vigente el 1 de julio. Para lograrlo, el Gobierno limita el componente de materia prima al 35% en el cuarto trimestre de 2026 y al 15% en los trimestres siguientes.
El precio máximo de la bombona de butano de 12,5 kilos queda congelado en los niveles de mayo de 2022 —19,55 euros en la península— hasta junio de 2027. El paquete de medidas incluye también la recuperación temporal del IVA reducido al 10% para determinados combustibles y electricidad, y la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo del 0,5% si la inflación energética supera el 15%.
Que estas ayudas se prorroguen trimestre tras trimestre, año tras año, dice mucho sobre la fragilidad estructural del sistema energético español: sin ellas, millones de familias verían disparada su factura de la luz, el gas o el combustible cada invierno. Mientras no se aborden las causas de fondo —la dependencia de mercados volátiles y la falta de un parque energético verdaderamente asequible—, estas medidas seguirán siendo un parche necesario, pero insuficiente, frente a una crisis que golpea siempre más fuerte a quienes menos tienen.
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