La diputada socialista María Márquez, vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz adjunta en el Parlamento de Andalucía, ha anunciado acciones judiciales tras recibir una nueva oleada de insultos sexistas en redes sociales. Entre los mensajes, uno la reducía a un comentario sexual degradante sobre su carrera política —el tipo de ataque que no cuestiona sus ideas, sino su cuerpo y su sexualidad—. Márquez ha avisado de que irá «con nombres y apellidos» contra quienes firmaron esos mensajes, después de que ya en 2025 tuviera que denunciar ante la Fiscalía otro episodio similar.
Su caso no es una anomalía dentro de la política española: es el patrón. En la Unión Europea, un 32% de las mujeres que ejercen cargos electos declara haber sufrido violencia vinculada a su actividad política, pero solo un 29% llega a denunciarlo, y de esas denuncias apenas un 22% termina con alguna consecuencia real para el agresor. Las cifras dibujan un circuito casi perfecto de impunidad: se agrede, rara vez se denuncia, y cuando se denuncia, casi nunca pasa nada.
Otras políticas de izquierdas en España conocen bien ese circuito. Direcciones filtradas en portales de contactos, amenazas de grupos neonazis, hombres presentándose en la puerta de sus casas: la violencia contra las mujeres que hacen política ya no se limita al insulto en redes, se traslada a lo físico. Como resumió Rita Maestre, la violencia busca «que el coste de hacer política sea tan alto que las mujeres nos lo pensemos dos veces». Irene Montero lo definió como «el resultado de la normalización de la violencia política».
La solidaridad institucional llegó rápido: la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, respaldaron públicamente a Márquez.
Pero el respaldo simbólico convive con una estadística incómoda: las mujeres apenas ocupan el 27,2% de los escaños parlamentarios en el mundo. Cada insulto que busca silenciar a una política no es un exceso aislado: es una barrera más para que esa cifra no suba.
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