Más de 8 millones de estudiantes han empezado o están a punto de empezar el curso 2026-2027 en España, pero en al menos seis comunidades autónomas el arranque llega marcado por la protesta docente: Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cantabria y la Comunitat Valenciana ya tienen movilizaciones convocadas.
Cataluña abre el calendario con una huelga el mismo 8 de septiembre, el primer día de clase. En Madrid, CCOO y UGT han convocado una huelga indefinida a partir del 14 de octubre, mientras CSIF llama a movilizarse el 16 de septiembre. La Comunitat Valenciana saldrá a la calle el 12 de septiembre, y Andalucía tiene fijada su huelga para el 11 de noviembre. Cantabria y Baleares también amenazan con seguir el mismo camino.
Las reivindicaciones no son nuevas, pero llevan meses sin respuesta: el sindicato CSIF exige acelerar la negociación del Estatuto Docente, reformar las oposiciones, equiparar el rango del profesorado al grupo A1, abrir la jubilación voluntaria anticipada y reducir la carga horaria a partir de los 55 años. Mario Gutiérrez, presidente del sector de Educación de CSIF, resume el temor de fondo: «el riesgo es que la educación vuelva a quedar atrapada en el ruido político».
Desde UGT, Beatriz García lo dice sin rodeos: «el profesorado ha dicho basta», después de años de promesas incumplidas y una carga de trabajo que no deja de crecer. Hay una proposición de ley pendiente en el Congreso que reduciría el tamaño de las aulas —a un máximo de entre 22 y 25 alumnos— y aliviaría el horario lectivo, pero su aprobación depende de un Congreso y un Senado que atraviesan un año electoral, el terreno menos favorable para que una reforma educativa salga adelante sin ruido.
Mientras la política discute plazos, las aulas ya han empezado a llenarse. Y detrás de cada docente que hace huelga hay una pregunta que la proposición de ley todavía no resuelve: quién sostiene la educación pública cuando quienes la sostienen ya no dan más.
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