El decreto que debía prorrogar dos años más los contratos de alquiler lleva ya dos meses sin fecha de votación. Estaba previsto para julio, se aplazó hasta después del verano, agosto pasó sin avances y septiembre arrancó sin que el Gobierno fije una fecha oficial — mientras la negociación en el Congreso queda absorbida por la crisis migratoria de Ceuta, con más de 70.000 entradas irregulares registradas y miles de personas aún hacinadas más de un mes después del colapso.
Sumar aceptó como «peaje» una reforma de la ley del suelo a cambio de sacar adelante la prórroga de alquileres, una posición que la deja incómoda frente a Podemos, que rechaza de plano cualquier decreto que toque esa ley. Al otro lado de la mesa, Junts exige medidas antiokupación, deducciones fiscales y desahucios exprés como condición para su apoyo — tres exigencias que poco tienen que ver con proteger a quien alquila.
El propio Gobierno reconoce, en privado, que sus planes pasaban por «iniciar el curso con varios anuncios sociales, entre ellos el pacto del decreto» — un calendario que la crisis en Ceuta ha desbaratado por completo.
Mientras tanto, el reloj corre para los inquilinos concretos: la prórroga que este decreto debía activar es la única vía legal para que miles de contratos que vencen este mismo mes no salten directamente al precio de mercado, en una España donde el alquiler ya se ha convertido en la principal fuente de inestabilidad habitacional. Sin decreto aprobado, esos contratos quedan a merced de lo que decida cada propietario.
El resultado es una paradoja incómoda: la vivienda, que la Constitución reconoce como derecho, vuelve a quedar supeditada al cálculo político del momento. No es la primera vez que una negociación social se estanca por exigencias ajenas al asunto que se negocia — pero sí es la primera vez que el pretexto tiene nombre propio: Ceuta.
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